Aunque el ejercicio de la democracia no se reduce a las prácticas electorales, la democracia moderna es difícil pensarla sin su íntima relación con estas. Los comicios se han vuelto la forma privilegiada en que nos relacionamos con la política por lo que los procesos electorales han adquirido una importancia y una complejidad crecientes.
Entender, acceder, cuestionar e incidir en la maquinaria electoral, es derecho y obligación de toda ciudadana y todo ciudadano, siendo de gran importancia y trascendencia monitorear permanentemente su evolución.
Desde los siglos XVII, XVIII, XIX y XX la elección de representantes ha implicado procesos de desarrollo que no son precisamente lineales, y en el nombre de la democracia se han registrado en la historia absolutismos disfrazados.
El devenir de los procesos democráticos nos marca sin embargo una tendencia y un principio fundamental, esto es, que el ejercicio político debiera implicar siempre tanto la representatividad como la representación de la mayor parte de la población.
En la constitución mexicana, el artículo 39 dice que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Las mujeres somos no sólo parte, sino el 50% de este pueblo. Por lo mismo debiéramos gozar plenamente de las garantías que otorga el Artículo 1 de la Constitución, que a la letra dice: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.
Las ciencias biológicas y sociales han demostrado que las diferencias físicas entre las personas no fundamentan la desigualdad y que objetivamente las características sexuales tienen poco que ver con las formas en que interiorizamos y justificamos la exclusión de las mujeres de ciertos espacios, actividades y poderes.
Las diferencias genitales han sido cargadas de valores y la capacidad procreativa de las mujeres ha sido tergiversada para justificar la división sexual del trabajo. Esta las ha identificado y relegado en mayor o menor medida al ámbito de lo doméstico. Luego, el mundo de lo público ha sido pensado por y para un modelo masculino hegemónico que excluye incluso a varones que no encajan en él. Se imponen formas únicas de ver la realidad.
Durante los últimos 3 siglos ha tocado trabajar en el mejoramiento de los procesos y mecanismos de la democracia. Se fortalecen cada vez más los sistemas de partidos, así como los procesos de división de poderes y su pretendido equilibrio. Sin embargo, ese trabajo hoy en día ha llevado a centrar la discusión en la calidad de las democracias, es decir, a preguntarse cuan representativas son: ¿los actuales sistemas democráticos y particularmente los electorales, son incluyentes de la mayoría de la población o sólo representan a grupos y sectores hegemónicos?
La entrada del siglo XX fue marcada por un parte aguas mundial, es decir, el sufragio de las mujeres; la inclusión del 50% de la población en los procesos electorales.
En México desde 1953, los artículos 34 y 35 de la Constitución marcan el derecho de las mujeres no sólo de votar, sino de ser votadas, pero en los albores del siglo XXI decimos: ¿votamos? sí, pero, ¿accedemos realmente al derecho de ser votadas y al derecho de ser elegidas a cargos de representación o puestos públicos?
Discursos falaces aseguran que sí pero advierten que la gente aún no está preparada para votar por mujeres, también afirman que no nos animamos a ocupar puestos de poder. Por otro lado expresiones más retrógradas plantean que no servimos para gobernar.
Estos discursos aventureros distorsionan la verdad y en cambio esconden análisis y propuestas medulares que permitirían abrir el panorama y facilitarían los caminos justos y equitativos hacia la Democracia. Si a pesar del derecho, las leyes para las mujeres en México aún no se traducen en hechos, las causas no son la ineptitud o la incapacidad de las mismas. Por el contrario existen procesos, instituciones, barreras sociales y culturales visibles e invisibles, que impiden de facto el acceso a tales derechos.
Las mujeres en Chihuahua, portadoras de un legado histórico progresista que involucra los principios de igualdad, paridad, equidad, justicia, legalidad, legitimidad y certeza seguiremos impulsando acciones tendientes a mejorar la calidad de la democracia en nuestro país. Por ello nos comprometemos a:
1. Considerar en nuestras prácticas y propuestas lo que propicie ejercicios justos y equilibrados de los poderes nacional y local. En este sentido, la incorporación de la perspectiva de género en la legislación y en las políticas públicas habrá de profundizarse.
2. Propiciar, apoyar, impulsar y aprobar las iniciativas legislativas por la paridad. La transición hacia parlamentos y gobiernos modernos implica el impulso de la democracia de género en diferentes niveles: en la vida interna de los partidos políticos, en las cámaras locales y de nivel federal, además de modificaciones en el marco legal nacional y de los estados.
3. Promover la democracia de género que ve la distribución del poder como equitativa, igualitaria y justa entre mujeres y hombres. Reconocemos que hasta ahora no hay equivalencia, por lo que ha sido necesario impulsar y articular acciones positivas para las mujeres en aquellos ambientes adversos que impiden su empoderamiento. Una vez lograda la real democracia y su calidad, estas acciones no serán ya necesarias.
4. Promover que continuemos votando y que se vote por mujeres.
5. Exigir la rendición de cuentas públicas acerca del quehacer legislativo a favor de las mujeres, y de la asignación del gasto público para la consecución ejecutiva de dichas legislaciones. Esto implica monitorear el curso de las acciones, como también generar los mecanismos de vinculación que garanticen la información y la transparencia requeridas.
GRUPO PROMOTOR DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS CIUDADANAS
